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BROWNSVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Un juez federal que bloqueó la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración insinuó el jueves que podría ordenar sanciones contra el Departamento de Justicia si falla que éste lo engañó sobre cuándo exactamente comenzó el gobierno a implementar una de las medidas.
Durante una audiencia judicial que fue ríspida en ocasiones, el juez federal de distrito Andrew Hanen estuvo discutiendo con el Departamento de Justicia en torno a si éste lo había engañado para que creyera que una parte crucial del programa de Obama no sería implementada antes de que él emitiera un fallo con relación a una solicitud para una orden judicial preliminar.
De hecho, las autoridades federales ya habían dado exenciones a más de 108.000 personas, válidas por tres años, para que no fuesen deportadas, y les concedieron permisos de trabajo de un programa que protege a los inmigrantes jóvenes de ser deportados si es que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.
Las acciones ejecutivas de Obama protegerían de la deportación hasta a cinco millones de personas que están en territorio estadounidense sin permiso. Muchos republicanos se oponen a esas órdenes, bajo el argumento de que sólo el Congreso tiene derecho a tomar una acción de tal alcance.
Veintiséis estados, encabezados por Texas, se unieron para impugnarlas por considerarlas inconstitucionales. El 16 de febrero Hanen falló a su favor y emitió una orden judicial preliminar que suspendió las acciones del mandatario.
El juez reprendió el jueves a Kathleen Hartnett, abogada del Departamento de Justicia, por haberle dicho en una audiencia en enero, antes de que se emitiera la orden judicial, que no se aplicaría nada antes del 18 de febrero con relación a una parte crucial de las acciones de Obama, una expansión del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de 2012.
"Me lo creí como un idiota", afirmó Hanen.
Hartnett se disculpó una y otra vez con el juez por cualquier confusión relacionada con la forma en que fueron concedidas las exenciones y los permisos de trabajo.
"Nos esforzamos por ser lo más francos posible. Verdaderamente nos quedó claro que había confusión en torno a este punto", señaló la abogada, que se veía nerviosa.
Harnett siguió insistiendo en que las 108.081 exenciones fueron concedidas bajo las directrices de 2012, las cuales no fueron bloqueadas por la orden judicial, y que abogados gubernamentales no habían explicado eso adecuadamente porque se habían enfocado en otras partes de las acciones propuestas.
Pero Hanen hizo notar que las directrices de 2012 sólo concedían exenciones por dos años y que el programa que está bloqueado ahora propone exenciones por tres.
