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Una demanda que acusa a la policía del Condado Salt Lake de mantener a un estudiante universitario encarcelado durante semanas mientras verificaba su estatus de inmigración se solución extrajudicialmente, anunció el lunes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Directivos de la ACLU dijeron que el condado acordó dar fin a su "proceso SB81" que retrasa las liberaciones por 48 horas cuando las autoridades sospechan que un detenido está ilegalmente en el país. Esa norma se deriva de la iniciativa SB81, aprobada como ley en 2008 y suspendida en 2011.
"Estamos agradecidos al Condado Salt Lake y al jefe de policía (James) Winder por su voluntad para revisar cuidadosamente sus políticas y dar fin al proceso SB81", expresó en un comunicado el director de asuntos jurídicos de la ACLU en Utah, John Mejía. "Creemos que este caso pone de relieve los peligros de que la Legislatura estatal intente adentrarse en el complejo tema de la inmigración".
La ACLU presentó una demanda en 2011 en la que alegaba que Winder y funcionarios carcelarios mantuvieron encarcelado a Enrique Uroza, de 22 años, de manera ilegal durante 46 días después que pagó una fianza. Inicialmente fue detenido por acusaciones de falsificación y robo, pero los funcionarios creían que también estaba en el país ilegalmente, según la ACLU.
Winder dijo que su organización seguía los requerimientos de una ley estatal de inmigración de 2008 que exigía a la policía hacer "un esfuerzo razonable" para determinar el estatus migratorio de los detenidos.
Como parte del acuerdo, Uroza recibirá 75.000 dólares como indemnización y gastos legales.
