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Abogados gubernamentales solicitaron el jueves a un juez federal que retire a algunos niños mencionados en una demanda que busca se asignen abogados nombrados por la corte para los niños indigentes que ingresan sin permiso al país.
Pero los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que todo niño que vaya a la corte migratoria tiene derecho constitucional a una audiencia imparcial, y la única manera de garantizar que eso suceda es otorgándole un abogado. También pidieron al juez que expanda el caso para incluir a niños de todo el país.
"Este caso sólo define a los miembros del grupo como esos niños sin representación y que no cuentan con los recursos para tener un abogado", dijo Matt Adams del Proyecto del Noroeste por los Derechos de los Inmigrantes.
Tras una audiencia de cuatro horas, el juez Thomas Zilly dijo que tomará en cuenta los argumentos y emitirá un fallo más adelante.
La ACLU y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron en 2014 la demanda a nombre de cerca de una docena de niños de entre 1 y 17 años de edad. Procedían de México, El Salvador, Guatemala, y Honduras, y en la actualidad viven en los estados de Washington, California, Texas y Florida.
Cada año, el gobierno inicia procedimientos de inmigración en contra de miles de niños para determinar si pueden permanecer en Estados Unidos, de acuerdo a la querella. En cada caso el gobierno está representado por fiscales, mientras que en la mayoría de los casos los niños son obligados a comparecer ante un juez con poco o nulo conocimiento de sus derechos o de la ley, dijeron los abogados.
El subprocurador adjunto, Leon Fresco, le dijo a Zilly que seis de los niños en el caso que fueron detenidos en la frontera no tienen los mismos derechos para recibir el debido proceso que alguien que ha vivido en el país durante cierto periodo de tiempo, y por lo mismo deben ser retirados del caso.
Fresco describió eso como un "caso de procedimiento para el debido proceso" que involucra los límites establecidos por el Congreso o la rama ejecutiva, a diferencia de un "debido proceso fundamental" que prohíbe que el gobierno infrinja los derechos constitucionales fundamentales.
Cuando un niño cruza la frontera sin permiso cuenta con derechos de procedimiento para el debido proceso, derechos básicos en contra de una detención indefinida o tortura, dijo Fresco. Pero no cuenta con derechos sustanciales bajo la Constitución, subrayó. Fresco pidió al juez que falle en contra de expandir el sistema actual.
"Aseguran que hay más derechos procesales de los que deberían tener derecho", indicó. "Si uno fuera a emitir un fallo en dicho contexto, su opinión será citada 500 veces el próximo año. Sería la primera opinión que dice que los extranjeros recién llegados tienen derechos de debido proceso adicionales".
Bajo el sistema actual, un juez migratorio desarrolla un registro al hacer preguntas a los niños, explicó Fresco a Zilly.
"Algunas de estas preguntas se les harían a niños de 3 o 4 años", respondió el juez.
Los tres menores que viven en el estado de Washington y que forman parte de la demanda señalan que su padre fue asesinado en México y su madre violada, dijo Zilly.
"Tienen miedo", afirmó. "¿Usted dice que incluso con esos problemas ellos no tienen derechos procesales fuera de los que permite el Congreso?", preguntó Zilly a Fresco.
"Estos son casos de empatía", respondió Fresco.
Cualquier menor que enfrente la deportación en una audiencia de retiro tiene el derecho constitucional a recibir asesoría, sin importar dónde fue detenido o si estaba en compañía de un adulto en ese momento, dijo Ahilan Arulanantham, de la ACLU.
Fresco dijo que su investigación demuestra que el 72% de los niños que actualmente se mueven a través del sistema, incluso sin abogados, "están recibiendo algo de ayuda", así que el caso es innecesario.
"No sé de dónde proviene esto", respondió Adams. "Deben ser las interpretaciones de ayuda más generosas del mundo".
Fresco dijo que los datos se refieren a casos que fueron cerrados y donde no se retiró a los niños.
Adams dijo no estar convencido.
"¿En qué otra situación se ve a un niño colocado frente a un fiscal? ¿Por qué la ley migratoria es la excepción?", preguntó.
