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La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el lunes que algunas corporaciones pueden tener objeciones religiosas que les permitan optar por el nuevo requisito de la ley de salud y no cubrir los anticonceptivos para las mujeres.
5-4 La decisión de los jueces 'es la primera vez que el alto tribunal ha dictaminado que las empresas con ánimo de lucro pueden tener puntos de vista religiosos bajo la ley federal. Y esto significa que el gobierno de Obama debe buscar una forma diferente de proporcionar anticoncepción gratuita a las mujeres que están cubiertas por los planes de seguro de salud de las empresas que se oponen.
La anticoncepción es uno de una serie de servicios de prevención que se deben proporcionar sin cargo adicional en virtud de la ley de salud que el presidente Barack Obama firmó en el 2010 y el Tribunal Supremo ratificó dos años después. La ley se considera el mayor logro de su primer mandato.
Hace dos años, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió el voto decisivo que salvó a la ley de salud en medio de la campaña de Obama para la reelección. El lunes, se trata de una pequeña porción de la ley, Roberts se puso del lado de los cuatro magistrados que le han golpeado la ley en su totalidad.
El juez Samuel Alito, un conservador, escribió la opinión mayoritaria. Cuatro jueces liberales de la corte disintieron.
El tribunal destacó que el fallo sólo se aplica a las empresas que están bajo el control de unas pocas personas en las que no hay diferencia esencial entre la empresa y sus propietarios, como la cadena de tiendas de Oklahoma, Hobby Lobby de artes y artesanías que ha cuestionado la disposición.
Alito también dijo que la decisión se limita a los anticonceptivos bajo la ley de salud. "Nuestra decisión no debe ser entendida para sostener que un mandato de seguro de cobertura debe caer necesariamente si entra en conflicto con las creencias religiosas de un empleador", dijo Alito.
Él sugirió dos formas en que el gobierno podría asegurar que las mujeres reciban la anticoncepción que quieren. Simplemente podría pagar por la prevención del embarazo, dijo.
O podría proporcionar el mismo tipo de alojamiento que ha puesto a disposición de las corporaciones orientadas religiosamente, sin fines de lucro. Esos grupos pueden decirle al gobierno que la prestación de la cobertura es una violación de sus creencias religiosas. En ese momento, las aseguradoras de los grupos o de un tercer administrador asumen la responsabilidad de pagar por el control de natalidad.
Las acomodaciones son objeto de demandas legales por separado, pero la corte dijo el lunes que las empresas con fines de lucro no podían usar afirmaciones religiosas en una situación así.
El juez Anthony Kennedy, quien fue parte de la mayoría, también escribió por separado para enfatizar que la administración puede resolver su problema fácilmente. "La acomodaciones consisten en someter a las compañías de seguros a cubrir, sin participación en los costos, la cobertura de los anticonceptivos para las trabajadoras que lo deseen", dijo Kennedy. Ese acuerdo, dijo, "no afecta a las creencias religiosas de los demandantes".
Lugares de culto y otras instituciones religiosas, cuya finalidad principal es la de difundir la fe están exentos de la obligación de ofrecer control de natalidad.
En un voto particular ella leyó en voz alta desde el banquillo, la juez Ruth Bader Ginsburg dijo que la decisión "potencialmente barre", ya que minimiza el interés del gobierno en el cumplimiento uniforme de las leyes que afectan el lugar de trabajo. "Y se descuenta las desventajas basadas en la religión que imponen a los demás, en particular, a los empleados que no comparten las creencias religiosas de sus empleadores", dijo Ginsburg.
La administración dijo que una victoria para las empresas sería evitar que las mujeres que trabajan para ellos tomen decisiones sobre el control de natalidad con base en lo que es mejor para su salud, y no si se lo pueden permitir. Los partidarios del gobierno señalaron investigaciones que muestran que casi un tercio de las mujeres cambiaría su anticonceptivo si el costo no fuera un problema; un medio muy eficaz de control de natalidad, el dispositivo intrauterino, puede llegar a costar hasta $ 1.000.
Los anticonceptivos en litigio ante el tribunal fueron los anticonceptivos de emergencia Plan B, y ella, y dos DIU. .
Hay demandas separadas que desafían la provisión de anticoncepción de los hospitales de filiación religiosa, colegios e instituciones de beneficencia.
Una encuesta realizada por la Kaiser Family Foundation encontró que el 85 por ciento de las grandes empresas estadounidenses ya habían ofrecido dicha cobertura antes de que la ley de salud lo requiriese.
No está claro cuántas mujeres serán potencialmente afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo. Hobby Lobby es, hasta el momento, el mayor empleador entre cualquier empresa que ha acudido a los tribunales para luchar contra la disposición de control de natalidad.
Hobby Lobby cuenta con más de 15.000 empleados de tiempo completo en más de 600 tiendas de artesanías en 41 estados. Los Green son cristianos evangélicos quienes también son dueños de Mardel, una cadena de librerías cristianas.
La otra empresa es Conestoga Wood Specialties Corp., propiedad de una familia menonita y emplean 950 personas en la fabricación de armarios de madera.
