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Los trabajadores del campo en EE.UU. sufren una "profunda discriminación" en sus derechos laborales, arraigada en leyes que apenas han variado desde 1930 y que afecta especialmente a los hispanos, denunciaron hoy activistas. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), miembros del Centro Robert F. Kennedy (RFK) y antiguos trabajadores del campo aseguraron que los empleados del sector agrícola "están exentos de las protecciones laborales garantizadas en Estados Unidos", lo que les expone a serios abusos. "Hoy existe un incentivo económico para abusar a los trabajadores, exigir semanas de entre 70 y 80 horas, ofrecer un alojamiento atroz y negar a los empleados un día libre a la semana", indicó la hija de Robert Kennedy, Kerry, en un testimonio escrito que leyó en la audiencia un abogado del Centro RFK, Wade McMullen. Según Kennedy, la discriminación se remonta a las leyes de Jim Crow, que institucionalizaron la segregación racial en EE.UU. a finales del siglo XIX. Esa legislación se reemplazó en los años 30 por garantías para los trabajadores, pero se emitieron excepciones en el caso de los empleados del campo, que "nunca recibieron los derechos que la mayoría da por hechos". Algunas de las exenciones "se han eliminado, pero a nivel federal la mayoría permanecen, lo que viola las obligaciones internacionales de EE.UU. y perpetúa la discriminación", apuntó Kennedy. Con la disminución de los trabajadores afroamericanos en las cosechas, hoy "la carga de las laxas protecciones laborales para los trabajadores del campo recae desproporcionadamente, sobre los latinos y los trabajadores migrantes", agregó. De los dos millones de empleados que se estima trabajan en las granjas y cosechas de Estados Unidos, "unos tres cuartos son de origen mexicano, dos tercios son inmigrantes y la mitad son indocumentados", según los datos del Centro RFK. "Entonces era porque eran negros, y ahora porque son hispanos. Eso está bien claro y el Gobierno no hace absolutamente nada para solucionarlo", dijo a Efe Santiago Canton, exsecretario ejecutivo de la CIDH y que ahora trabaja en el Centro Robert Kennedy. Michael Hancock, representante del Departamento de Trabajo, reconoció en la audiencia que la industria de la agricultura emplea "a algunos de los trabajadores más vulnerables y con salarios más bajos" del país. "Pero tenemos una política muy explícita: aplicamos los derechos laborales para todos los trabajadores, documentados o indocumentados", aseguró Hancock, que subrayó que el Gobierno ha aumentado su presencia en los estados con más trabajo agricultor, y ha ampliado el número de inspectores bilingües. Para Lucas Benítez, un trabajador presente en la audiencia, el problema está en que esos investigadores "anuncian sus visitas" y permiten así que los patrones obliguen a "mentir" a sus empleados. Por su parte, Kennedy aseguró que ha visitado decenas de granjas en el estado de New York en las que "los trabajadores nunca tienen más de cuatro horas libres seguidas, y si intentan formar un sindicato, pueden ser despedidos", además de compartir espacios mínimos de vivienda con otros empleados. Miles de niños menores de dieciocho años trabajan en las cosechas del país, afectados por la "falta de prohibición del trabajo infantil en el sector agrícola", en condiciones que "amenazan su salud, su bienestar y su derecho a la educación", agregó. Las mujeres "enfrentan niveles desproporcionadamente altos de abuso sexual y físico" que "rara vez denuncian, por miedo de represalias y deportación". "He hablado personalmente con docenas de trabajadoras de New York. Todas ellas habían sido sexualmente agredidas o maltratadas por su jefe", aseguró la hija del que fuera fiscal general de EE.UU. Librada Paz, una inmigrante que trabajó en el campo durante años y ahora es activista de la organización Rural Migrant Ministry, corroboró que existe un "riesgo extremadamente alto de violencia sexual y acoso" para las mujeres. "A mí me ocurrió, y entiendo que no se atrevan a denunciar. Yo era nueva en este país, y sólo sentía vergüenza y miedo", afirmó Paz, quien denunció la "falta de supervisión" de las autoridades. Los peticionarios solicitaron que la CIDH visite los estados con más volumen de trabajo agrícola, para examinar las condiciones de los migrantes, una idea a la que la Comisión se mostró dispuesta y que los representantes del Estado se comprometieron a facilitar. Según Cantón, la audiencia evidenció que "hace falta un esfuerzo mucho más grande por parte del Estado", aunque valoró la "apertura" del Gobierno a permitir una visita de la Comisión. EFE
