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SALT LAKE CITY — Un acuerdo que eliminará disposiciones clave en la polémica ley de inmigración de Utah es descrito por un abogado de derechos civiles como una "victoria para los valientes demandantes en este caso y para las comunidades de inmigrantes de todo el estado."
Jennifer Chang Newell del Proyecto de Derechos de Inmigrantes dijo que con esto se manda un mensaje a las ciudades y estados de todo el país "que no tienen ningún derecho de parar o detener a personas sólo por sospechas de su situación migratoria".
El martes, la organización de derechos civiles anunció el acuerdo, en virtud del cual el Estado se ha comprometido a poner límites a la polémica ley aprobada por la Legislatura de Utah en 2011.
En mayo de 2011, los abogados de derechos civiles representando a las personas y organizaciones presentaron una demanda contra el Estado, alegando que la ley HB497 era inconstitucional y promovía al racismo.
La Oficina del Procurador General de Utah, que defendió la ley, no quiso dar comentarios el martes sobre este acuerdo.
Después de dos audiencias sobre la ley HB497 en julio, el juez de distrito Clark Waddoups bloqueó algunas secciones de la ley de Utah, pero dejó que otras entraran en vigor.
El fallo final de Waddoups, que es parte del acuerdo, se refiere a secciones de la ley de Utah que se extralimitaron y eran "inaceptables".
Una sección "inaceptable" de la ley, escribió, "confería a los oficiales del estado una mayor discreción y autoridad que la que poseen los oficiales federales de inmigración, establecía una política de inmigración que está en conflicto con la política cuidadosamente elaborada por el Congreso y viola el proceso de deportación que se le ha encomendado al gobierno federal".
Otra sección de la ley HB497 considerada "inaceptable" trataba de regular la entrada y residencia de extranjeros, y hacer nuevos delitos estatales por conducta ya criminalizados por regulación existente del Congreso.
El fallo final entra en vigor una vez que sea firmado por Waddoups.
La organización ACLU de Utah, en un comunicado, describió la ley HB497 como "una ley severa, anti-inmigrante que habría criminalizado las actividades cotidianas."
Karen McCreary, directora ejecutiva de la ACLU de Utah, dijo que el acuerdo allana el camino para que el estado aborde cuestiones que afectan a las familias y la seguridad de la comunidad "sin el miedo y la discriminación racial que impuso esta ley."
Archie Archuleta, un demandante en La Raza v. Herbert, dijo que el martes fue un gran día para la gente de Utah "no importa donde hayan nacido."
Después de un desafío legal que duró más de tres años "finalmente está claro en Utah que las personas que te tratan de forma diferente por tus rasgos físicos o por tener acento cometen una injusticia", dijo Archuleta.
En una demanda del 2011, los grupos de derechos civiles denunciaron que la ley HB497 violó la protección civil de la Cuarta Enmienda, así como la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, porque ilegalmente interfería con el poder federal y la autoridad sobre asuntos de inmigración.
Otras dos leyes relacionadas con inmigración aprobadas por la Legislatura de Utah en 2011 fueron archivadas hasta el 1 de julio de 2015, bajo una ley aprobada por la Legislatura de Utah en 2013. Las leyes abordaban temas relacionados con los trabajadores invitados y un programa piloto para permitir que los residentes de Utah patrocinaran extranjeros.
Traducido por Amiel CoccoAmiel es el gerente y editor de www.TodoSobreAmor.com donde se dan consejos de amor a las parejas y familias. Amiel tiene una licenciatura en Marketing y Comunicaciones de la Universidad Brigham Young
