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Por tercera vez en años recientes la Corte Suprema de Estados Unidos estudiará la anulación de una poderosa táctica legal que emplean el gobierno y otros para combatir la discriminación en materia de vivienda.
Los magistrados aceptaron el jueves oír un caso de Texas que impugna la teoría según la cual ciertas prácticas en materia de vivienda o préstamos perjudican ilegalmente a grupos minoritarios aunque no existan pruebas de la intención de discriminar.
La corte intentó abordar el tema en dos ocasiones, pero esos casos llegaron a acuerdos extrajudiciales en 2012 y 2013, semanas antes de los argumentos orales.
Esos acuerdos, uno de los cuales fue mediado por el Departamento de Justicia, alentaron a los grupos defensores de los derechos civiles, que preveían un revés por parte del ala conservadora de la corte. Pero los mismos acuerdos decepcionaron a bancos y compañías hipotecarias, cuyo criterio es que la ley federal solo debe castigar los actos de discriminación intencional.
La teoría llamada "efecto dispar" permite al demandante demostrar por medio de estadísticas que políticas aparentemente neutras en cuanto a raza perjudican desproporcionadamente a las minorías raciales.
Esta táctica es de empleo habitual en casos de discriminación laboral, pero no está cubierta explícitamente bajo la ley de vivienda justa.
En el caso de Texas, un grupo a favor de la vivienda justa sostiene que el sistema estatal de distribución de créditos impositivos para vivienda a personas de bajos ingresos discrimina a las minorías raciales. Una corte de apelaciones aceptó que el grupo podía emplear estadísticas para demostrar que el estado aprobaba más viviendas de bajos ingresos en barrios negros que en zonas blancas.
Los partidarios de las viviendas justas dicen que esa política perpetúa la segregación por barrios.
El Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de tejano sostiene que con la aplicación de la teoría del "efecto dispar", una veintena de programas de viviendas en el estado podrían ser demandados.
