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Una combinación de miedo, escepticismo, incertidumbre política y altos costos son las razones que al parecer han llevado a que el programa de “Acción Diferida” que lanzó el presidente Obama, no esté teniendo la respuesta que se esperaba. Mientras en California más de 20,000 jóvenes han solicitado el beneficio migratorio, en Utah solo lo han hecho el reducido número de 745. Más allá de la diferencia poblacional, esta comparación puede explicarse por diferentes razones. Una reconocida líder latina como la candidata al senado de Utah, Josie Valdez dijo a OKespañol que las familias todavía tienen temor. Valdez agregó, que cuando visita a las familias para invitarlas a apoyar su candidatura se ha encontrado con algunas hispanas que a pesar de tener hijos ciudadanos estadounidenses temen incluso, registrarse para votar. “Ellos temen por sus padres que son indocumentados y creen que si se registran podrían dar información que podría ser usada por las autoridades migratorias, para identificar a sus familiares indocumentados”, señaló. Y añadió, que este mismo temor es el que impide a muchos jóvenes aprovechar el beneficio de la Acción Diferida. La realidad es que el miedo es una sensación que se instaló en el corazón de la comunidad indocumentada de Utah, desde que una funcionaria del Gobierno Departamental puso a circular una lista negra con nombres de personas indocumentadas. A esos, se sumaron los casos de deportación que con Obama alcanzaron una cifra record, en la historia de Estados Unidos. La dolora separación de muchas familias ha dejado una herida en la comunidad latina de Utah, por lo que no es extraño que muchos no quieran correr ese riesgo. Esto con el agravante de que lo que se obtiene no es un estatus migratorio, sino un beneficio temporal, sobre el que además pesa la incertidumbre de ser derogado por el próximo presidente. Aunque recientemente, el candidato republicano Mitt Romney aseveró que en caso de ganar la presidencia no lo va a derogar, eso no ha sido suficiente para vencer la duda sobre la suerte del beneficio. Por esta razón, muchos están esperando a que pasen las elecciones de noviembre para saber quien será el nuevo Presidente y así estar seguros de hacer la inversión. La otra razón que suele argumentarse es el costo de la solicitud, que es de $ 465 más los mínimo $ 1,000 que cobra el abogado para asesorar, en el proceso de solicitud del beneficio. Muchas familias temen invertir esa cantidad de dinero para obtener tan solo un documento temporal, especialmente si se tiene en cuenta que los indocumentados son generalmente personas con pocos ingresos, ya que o trabajan en el sector informal o son objeto de explotación laboral. Estas son muy fuertes razones para desmotivar a los jóvenes, para acogerse al beneficio migratorio. Otros, simplemente son optimistas y esperan que en el próximo Gobierno se logre por fin un acuerdo para hacer una reforma migratoria, que represente una solución permanente. El beneficio es solo un ejercicio de la discrecionalidad que difiere la deportación por dos años. Pero en caso de no aprobarse una reforma de la ley migratoria, nada asegura que se renueve por otro período de tiempo. El beneficio presenta otras dificultades que pueden contribuir a que muchas personas decidan no tomarlo. Se requiere presentar mucha documentación que demuestre la permanencia de los solicitantes en Estados Unidos. Esto ha representado un desafío para los indocumentados mayores que muchas veces han tenido que usar nombres o números ficticios para trabajar y sobrevivir sin sus documentos legales. Aunque en general este no es un problema para los más jóvenes que todavía están en la escuela, también hay un grupo de personas que dejaron sus estudios y ahora están en busca de obtener el GED que equivale a su secundaria. A pesar de estas dificultades son muchos los que piensan que sí vale la pena hacer uso del beneficio. Tony Yapias, del Proyecto Latino de Utah, hizo un llamado a dejar el temor a un lado y hacer la solicitud, porque “mientras más pronto se haga más rápido se podrá obtener un trabajo o seguir estudiando en la universidad”. Yapias agregó que su opinión es que la comunidad debe dejar de creer las versiones que circulan y aprovechar este beneficio cuanto antes. Otra cifra que arroja muchas dudas sobre la acogida brindada al programa es la de sólo 82,000 solicitantes que durante el primer mes llenaron la forma y la enviaron, de entre casi 2 millones de potenciales beneficiarios.
