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Las decenas de miles de menores de edad que huyen de los caóticos países de Centroamérica a la frontera de Estados Unidos han sobrepasado la capacidad del gobierno para responder, testificaron altos funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama el miércoles cuando exhortaron a los senadores a aprobar la solicitud de presupuesto de emergencia ante la crisis migratoria.
Saliendo de una reunión con el gobernador republicano de Texas Rick Perry, Obama dijo que estaba abierto a sugerencias de enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México, pero advirtió que la solución sólo funcionaría temporalmente.
Pero mientras el presidente Barack Obama viajaba a Texas, la oposición republicana expresó su rechazo a la solicitud de 3.700 millones de dólares del presidente, por lo que cualquier solución está en suspenso. A la vez, las presiones políticas sobre el presidente parecían aumentar en ambos bandos, pues los republicanos lo denunciaron en el Senado e incluso algunos demócratas comenzaron a apoyar las exigencias del partido opositor para que visite la frontera con México, lo que la Casa Blanca siguió rechazando.
Obama se reuniría con líderes locales la noche del miércoles para analizar la situación migratoria, pero en Dallas, no en la frontera. También se reuniría con el gobernador republicano de Texas, Rick Perry, quien lo ha instado a visitar la frontera.
En Washington el senador republicano por Arizona John McCain, quien ha apoyado a Obama en sus intentos por reformar las leyes migratorias del país, dijo que no puede apoyar la solicitud del presidente para más presupuesto.
"No puedo votar por una cláusula que simplemente perpetúa una crisis humanitaria inaceptable que está ocurriendo en nuestra frontera sur", dijo McCain en el pleno del Senado, donde fue acompañado por el senador republicano de Arizona Jeff Flake y los republicanos de Texas John Cornyn y Ted Cruz. Todos se turnaron para criticar las políticas de Obama, las que culpan de causar la situación en la frontera, argumentando que sus esfuerzos por hacer menos estrictas las políticas de deportación han contribuido a los rumores que hay en Centroamérica de que los inmigrantes menores de edad pueden quedarse en el país.
El presidente de la Cámara de Representantes John Boehner no se comprometió a llevar la medida a votación.
"Si no aseguramos la frontera nada va a cambiar y si revisan la solicitud del presidente, todo se trata más bien de seguir lidiando con el problema", dijo Boehner.
Por su parte, grupos de activistas a favor de los inmigrantes criticaron la solicitud presidencial desde la izquierda, argumentando que sólo está enfocada en la seguridad y la aplicación de la ley. Un grupo de organizaciones por los derechos civiles presentó una demanda en Seattle contra el gobierno de Obama argumentando que el gobierno federal no ha dado representación legal a los menores de edad.
E incluso los demócratas dijeron que Obama haría bien en ir a la frontera y conocer la situación de primera mano.
"Ir ahí y hablar con la gente que vive esto a diario, esa es la perspectiva que le falta", dijo el representante demócrata de Arizona Raúl Grijalva.
Pero la Casa Blanca no se amilanó. Obama viajó a Dallas para analizar el asunto a puerta cerrada con Perry y otros líderes.
Al preguntarle sobre la decisión de Obama de no ir a la frontera, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que otros funcionarios lo han hecho y tienen un gran conocimiento de la situación.
"El presidente está muy consciente de todo lo que está pasando", dijo Earnest a los reporteros. "El presidente tiene suficiente perspectiva del problema para comprender qué tipo de soluciones funcionarán mejor".
Gil Kerlikowske, director de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo el miércoles a senadores que la cifra de menores de edad detenidos mientras cruzaban solos la frontera desde octubre es ahora de 57.000, en comparación con 52.000 a mediados de junio, y representa más del doble del número registrado en el mismo período del año pasado. Están llegando mayormente de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Aunque las principales razones de la ola migratoria se dan como el aumento de la violencia y la actividad de pandillas, también parece estar vinculada con rumores de que a los menores se les permitiría permanecer en Estados Unidos si lograran ingresar al país.
Juan Osuna, director la oficina ejecutiva de revisión de inmigración del Departamento de Justicia, dijo que "estamos enfrentando el mayor número de casos para manejar que haya visto la agencia".
Osuna señaló que los casos de deportación que involucran familias y niños sin acompañantes tendrían prioridad en la lista de casos pendientes por resolver ante los tribunales. Eso significa que casos con menor prioridad tardarán aún más en solucionarse en un sistema que tiene un atraso de más de 360.000 casos pendientes de deportación.
La solicitud de financiamiento de emergencia de Obama agregaría más jueces, aumentaría las instalaciones de detención, ayudaría a atender a los niños y a pagar programas en Centroamérica para tratar de evitar que vengan a Estados Unidos.
El gobierno de Obama dice que quiere más flexibilidad para devolver más rápidamente a los niños, ya que las leyes exigen que los menores de naciones que no sean México o Canadá pasen por el sistema de tribunales, con frecuencia un proceso lento. Pero defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos demócratas están rechazando esa idea, argumentando que pondría en peligro las protecciones jurídicas de los niños y los pondría en peligro.
Para Obama, la crisis fronteriza ha agregado otra capa de complicaciones al ya tenso debate en Washington sobre las leyes de inmigración. Sin señales de que los legisladores republicanos planeen retomar la implementación de una ley integral, Obama ha prometido realizar los cambios necesarios mediante poderes ejecutivos.
