INDIGNA A ARGENTINOS FALLO SOBRE

El veredicto que declaró inocentes a 13 acusados de secuestrar a una joven madre para explotarla durante años como esclava sexual provocó una oleada de indignación en Argentina el miércoles, con protestas callejeras y exigencias de juicio político contra los tres jueces que tomaron la determinación. Muchos ciudadanos y organizaciones consideraron que el fallo representa un revés en los esfuerzos de Argentina, por combatir el tráfico sexual. Esas iniciativas se fortalecieron, después de que Susana Trimarco emprendió por su propia cuenta una investigación de una década sobre la desaparición de su hija María de los Angeles "Marita" Verón. Los abogados de la mujer han advertido que buscarían la apelación. La búsqueda realizada por Trimarco dejó al descubierto un submundo de cabecillas de la delincuencia, que operaban burdeles con protección de las autoridades en toda la nación. La ministra de seguridad, Nilda Garré, consideró que el veredicto representó "una tremenda bofetada a la expectativa de justicia". "No sólo es un revés en el caso particular del secuestro y la desaparición de María Verón, que sinceró en la sociedad el drama de este tipo de esclavitud del siglo XXI, encubierto por décadas de usos, costumbres y una matriz cultural machista... (sino que) invisibiliza el sufrimiento de las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, que brindaron testimonio valiente en el juicio, y consagra así la impunidad judicial para estos delitos", dijo Garré. Otros funcionarios manifestaron apoyo a la madre de Verón, lamentaron los veredictos y elogiaron los esfuerzos del Gobierno por salvar a las mujeres de las redes de prostitución. Trimarco dijo que la presidenta Cristina Fernández le llamó personalmente, para manifestarle su sorpresa e indignación. "Me hago cargo de lo que digo: no tengo pruebas pero no tengo dudas", dijo Fernández. "Cuando hay dinero de por medio, puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada". Agregó, que los veredictos ponen de manifiesto la necesidad de erradicar la corrupción de los órganos judiciales, mediante reformas a la manera en que se seleccionan los jueces y en que se les permite conservar sus puestos. Algunos rivales políticos han considerado esta campaña, un atentado contra la independencia del poder judicial. Los abogados de Trimarco dijeron, que el veredicto muestra que sigue reinando la impunidad. "La realidad es que la Policía no está investigando la desaparición de `Marita'", aseguró el abogado Carlos Garmendia, en declaraciones a The Associated Press. "Es Susana Trimarco quien está investigando, y ha sido así desde el comienzo". Garmendia añadió que este caso es "emblemático", y ha derivado en que "se aprenda mucho sobre las redes de trata" y su forma de operar. "Es obvio, el proceso cometió errores. Mas, de todo esto, el fallo es el mensaje que la trata continúa", señaló. Ciertas protestas del miércoles se tornaron violentas. Algunos manifestantes lanzaron huevos y trataron de causar destrozos en oficinas provinciales en Tucumán y Buenos Aires. Trimarco exhortó a sus simpatizantes a mantener la calma, pese a que expresó su disgusto durante una conferencia de prensa en la capital provincial. Hace una década, cuando Verón desapareció, la explotación sexual y el tráfico de personas prácticamente no figuraban en la agenda del Gobierno Nacional, mucho menos en el Noroeste de Argentina, donde la joven habría sido explotada por un grupo de la delincuencia organizada que tenía vínculos estrechos con autoridades en las provincias de Tucumán y La Rioja. La prostitución sigue siendo legal en Argentina, pero la operación de burdeles y la trata de personas han constituido delitos federales desde 2008, cuando el Congreso aprobó una ley derivada en buena medida del cabildeo de Trimarco. Garré defendió la gestión de su ministerio para hacer cumplir esta ley, al señalar que salvó de la trata a 938 personas el año pasado -215 del comercio sexual y 723 de otro tipo de explotación-. Afirmó que, este año, se ha evitado que 800 personas caigan en las garras de estas redes. Cientos de mujeres han sido salvadas también por la Fundación María de los Angeles, creada por Trimarco en 2008, con dinero correspondiente al premio "Mujeres de Valor" que le otorgó el Departamento de Estado Estadounidense. La fundación proporciona también asistencia legal, un ámbito en el que ha tenido menos éxito. Resulta difícil demostrar el delito de esclavitud sexual, sin apoyo de la misma Policía local que suele proteger a las organizaciones delictivas a cambio de sobornos. A la fecha, la fundación ha ayudado a que 20 exvíctimas del tráfico sexual imputen cargos a sus captores, pero no gana todavía un solo caso, dijo Agustín Araoz Terán uno de los abogados de la fundación. De esas gestiones, 12 derivaron en cargos federales, pero muchos casos fueron remitidos a la justicia provincial, donde el resultado es aún más incierto. "Ellos no investigan, hay falta de compromiso y capacidad", indicó Terán, quien afirmó que "hubo cobardía" en el veredicto del martes por la noche. Terán se unió al movimiento de Trimarco después de que su padre, juez de un tribunal de menores en Tucumán, fue asesinado a tiros en su vivienda en 2004, tras investigar a policías locales que supuestamente liberaban a delincuentes juveniles de modo que pudieran seguir vendiendo drogas, un negocio coordinado por los propios agentes.