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Si Manuel Díaz hubiera sido negro el gobierno del estado de Los Angeles tendría motivos para estar mucho más preocupado de lo que puede estar en este momento. Un hecho parecido terminó con los violentos disturbios hace dos décadas cuando la población minoritaria se cansó de los abusos de la autoridad y explotó en indignación dejando un saldo de más de 50 muertos, cientos de heridos, incendios, saqueos y millares de personas detenidas. Todo empezó con la persecución, detención y paliza propinada por la policía a un afroamericano llamado Rodney King, hecho que se quedó en la impunidad por que sus autores fueron absueltos en el juicio. Ahora las mismas autoridades están enfrentando su responsabilidad en el asesinato, esta vez de dos latinos, por parte de la policía de la ciudad californiana de Anaheim. Allí mismo, donde millones de turistas llegan a divertirse en el parque de Disneylandia, hay una gran población latina que alcanza un 53%. Sin embargo, vienen de tiempo atrás soportando el asedio de la policía que según algunos de sus habitantes parecen ver a la comunidad como el enemigo a perseguir y no como a la gente que tienen el deber de proteger. Como en el caso de King, los hechos han quedado grabados en videos y han servido para alimentar la furia de los habitantes del sector que han iniciado una serie de protestas diarias que terminan en nuevas agresiones policiacas y en arrestos. Las versiones de los testigos señalan que primero los policías le dispararon a Díaz en las piernas y cuando cayó al suelo lo remataron con un tiro en la cabeza. Lo peor es que Díaz, de 25 años de edad, no estaba armado y aún en el caso de que estuviese asociado a pandillas se trató de un evidente exceso de fuerza y abuso de parte de la policía. Otras versiones indican que el cuerpo malherido de Díaz se mantuvo desatendido por algunos minutos ya que los policías parecían más preocupados por ahuyentar a los vecinos que estaban filmando el hecho y evitar así quedar en evidencia. “Los policías les ofrecieron dinero a los que filmaron el video para que les entregaran los celulares”, dijo a OKespañol, Ana Pérez de la organización Presente.org. Una vez la indignación se apoderó de los residentes del barrio y salieron a protestar, la policía volvió a atacar esta vez a los manifestantes que marchaban con sus hijos. Los policías encañonaron a mujeres y niños, les dispararon con rifles de balas de goma y soltaron un perro que atacó a una familia con sus niños. Algunos días después del asesinato de Díaz, otro hispano Joel Acevedo, de 21 años de edad, fue también muerto por la policía en circunstancias extrañas. Ocho en un año La comunidad latina se ha levantado y se está movilizando todos los días para exigir que el policía que mató a Díaz pague por su crimen. Ante la falta de respuesta adecuada la comunidad ha salido a las calles desde que sucedieron los hechos y ha amenazado con llegar hasta el parque de Disneylandia ubicado en esa ciudad. El domingo se concentraron frente a la estación de policía y de allí partieron hacia el parque de Disney pero fueron bloqueados por los policías montados en caballos. Los uniformados detuvieron a cerca de 9 manifestantes, que según las autoridades habían lanzado piedras y producido algunos disturbios. La policía realizó un enorme despliegue de fuerza con grupos especiales, caballos y numerosas unidades como si se tratara de reprimir a grupos armados ilegales. El caso de estos dos hispanos muertos por la policía se suma a otros ocurridos anteriormente, como el de Caesar Cruz y Martín Hernández, entre otros. “En el último año ya son ocho las veces que disparan contra miembros de nuestra comunidad y en la última semana tres”, dijo Pérez a OKespañol. Agregó que “Anaheim es una ciudad con muchos latinos y después de tantos atropellos cometidos por la policía solo se ha investigado un caso en los últimos 13 años y el policía acusado fue absuelto”. La fiscal Harris El lunes, los residente de Anaheim, familiares de víctimas de la policía, líderes locales y la organización Presente.org sostuvieron una rueda de prensa en la que se dirigieron a la fiscal de Los Angeles, Kamala Harris, demandando una investigación imparcial de la policía de esta ciudad. “Es necesario que alguien fuera de esta ciudad investigue a la policía y creemos que la fiscal podría ordenar una acción imparcial”, expresó Pérez. Por su parte, Luisa Sanchez, residente del lugar y amiga de Acevedo indicó que no confían en el jefe de policía de Anaheim, John Welter, a quien responsabilizan de que “la situación haya llegado hasta este punto”. Mientras se espera la respuesta de la fiscalía no sobra recordar que lo que prendió la mecha en el caso de Rodney King fueron factores que también están hoy presentes en este caso. El extremadamente elevado nivel de desempleo entre los residentes de South Los Angeles, un barrio predominantemente negro, que sufrió duramente la recesión económica de finales de 80, así como la percepción generalizada de que la policía los discriminaba y abusaba de ellos. Esto unido a la furia por la impunidad en el caso King y al incidente de una joven afroamericana, Latasha Harlins, baleada por un tendero coreano, fueron el detonante que produjeron los sangrientos disturbios de 1992. Las circunstancias son parecidas, el escenario muy cercano y las víctimas también pertenecen a una minoría que se siente agredida por una policía abusadora que cuenta con la complicidad de unas autoridades civiles que menosprecian a los latinos. “Esta es una población con alta presencia hispana pero que no tiene representación en el concejo de la ciudad porque han creado un sistema de distritos abiertos que no obliga a los concejales a residir en el distrito”, señaló Pérez. Agregó que “como en muchas ciudades de Estados Unidos, los blancos viven en las laderas montañosas y los hispanos en el centro de la ciudad y carecen de representación”. En manos de la fiscalía está la posibilidad no solo de hacer justicia en un caso particular, el de Manuel Díaz, sino eventualmente desactivar una bomba de tiempo como la que estalló en las calles de Los Angeles en 1992. Angel Reinaldo Escobar is a journalist with more than 10 years of experience as a political editor in Washington DC and 3 years in Salt Lake City. He is an expert in politics, Hispanic issues, national and hemispherical security