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WASHINGTON (AP) — Los republicanos están buscando una forma de salir del impase sobre la inmigración que amenaza con interrumpir las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional dentro de pocos días.
En momentos que el presupuesto de la agencia vence el viernes a la medianoche sin una decisión del Congreso, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, anunció el lunes que planea separar las cláusulas que echan atrás las medidas de inmigración del presidente Barack Obama de la ley de gastos que financia el departamento.
La medida parece tener por fin presionar a los senadores demócratas que se han opuesto a la medida porque esas cláusulas fueron incluidas. También permitiría a los republicanos que se oponen a las medidas inmigratorias de Obama dejar sentada su oposición con una votación. Pero los senadores demócratas se apresuraron que eso deja sin contestar la pregunta de cómo financiar Seguridad Nacional.
"Esta propuesta no nos acerca al financiamiento de Seguridad Nacional y los republicanos todavía no tienen un plan realista para lograr esa meta", dijo el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York.
A raíz de la decisión de un juez federal de Texas la semana pasada en el sentido de que Obama se extralimitó en su autoridad y suspendió temporalmente sus programas de inmigración, un número cada vez mayor de senadores republicanos alegaron que es mejor que el asunto inmigratorio se solucione en los tribunales y que se debe aprobar el financiamiento del Seguridad Nacional sin mencionar el tema de la inmigración.
"Dejen eso a los tribunales. Creo que tenemos un excelente caso ante la Corte Suprema", dijo el lunes por la noche el senador John McCain, republicano por Arizona.
En contraste, conservadores de la Cámara de Representantes dijeron que los desarrollos en los tribunales fortalecieron su decisión de usar el presupuesto de Seguridad Nacional para combatir a Obama en inmigración. Y se mantienen firmemente opuestos a una ley de gastos que no incluya la eliminación de los programas de inmigración, además de afirmar que no apoyarían una extensión a corto plazo del financiamiento en vigor.
Un cierre temporal de Seguridad Nacional resultaría en que unos 30.000 empleados administrativos y de otras categorías se irían a casa sin cobrar, mientras que otros 200.000 caerían en categorías esenciales y se mantendrían trabajando en agencias como la Patrulla Fronteriza, el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad en el Transporte, aunque sin cobrar hasta que la situación se solucione.
