Estimated read time: 3-4 minutes
This archived news story is available only for your personal, non-commercial use. Information in the story may be outdated or superseded by additional information. Reading or replaying the story in its archived form does not constitute a republication of the story.
Ante las amenazas de impugnaciones y juicios, el presidente Barack Obama sabe que las medidas que tome en materia de inmigración enfrentarán una oposición acérrima. Por eso, a medida que se acerca el plazo autoimpuesto para tomarlas —el fin del verano boreal_, sus abogados están elaborando cuidadosamente una argumentación legal que consideran capaz de sobrevivir a cualquier impugnación judicial, según funcionarios del gobierno.
El argumento es más o menos el siguiente: Más allá de no haber corregido las defectuosas leyes inmigratorias, el Congreso no ha proporcionado siquiera los recursos suficientes al gobierno para hacer cumplir cabalmente las leyes vigentes.
Hay alrededor de 11,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos sin autorización legal, muchos más de los que el gobierno podría razonablemente deportar. La Casa Blanca cree que tiene amplio margen para dar prioridad a cuáles individuos debe enviar a casa.
Sin embargo, los republicanos también están explorando sus opciones legales para evitar que Obama concrete lo que consideran una extralimitación presidencial atroz.
Aunque todavía no ha recibido las recomendaciones formales que solicitó al secretario de Seguridad Interior Jeh Johnson, el presidente tiene un conocimiento íntimo de las opciones disponibles y no dedicará demasiado tiempo a pensarlas, según funcionarios del gobierno.
El objetivo de Obama era anunciar su decisión alrededor del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se festeja el primer lunes de septiembre. Antes de partir a Estonia y Gales, pero una serie de crisis de seguridad nacional obligaron a postergar el anuncio, probablemente hasta después de su regreso, dijeron las fuentes, que exigieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hacer declaraciones.
Después de resistir los reclamos de tomar medidas por su cuenta con la esperanza de que el Congreso aprobara una ley amplia, Obama cedió a los activistas promotores de los derechos de los inmigrantes al decir en junio que "si el Congreso no realiza sus tareas, nosotros al menos podemos realizar las nuestras". La medida más amplia en estudio es detener la deportación de millones de personas, en una gran ampliación de un programa de 2012 que suspendió los juicios de deportación a personas traídas al país cuando eran niños.
Alrededor de medio millón de personas se han beneficiado con ese programa, conocido como Acción Suspendida para Arribos en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).
Sin embargo, mientras los fiscales habitualmente toman sus decisiones caso por caso, la exención de categorías enteras de personas jamás ha sido intentada en la escala que propone el presidente: podrían ser millones si se extiende a los padres de niños DACA, parientes cercanos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes sin antecedentes penales.
Otras opciones en estudio, como los cambios a la distribución y recuento de las cédulas de inmigración (green cards) podrían ser menos polémicas porque gozan de apoyo en el empresariado y otros sectores influyentes, pero Derrick Morgan, un ex asesor del vicepresidente Dick Cheney e investigador en el centro de estudios Heritage Foundation, dijo que Obama enfrentará una oposición cerrada toda vez que intente soslayar al Congreso.
