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Una ley de 2008 para hacer frente a la trata de personas está en el centro del debate sobre la crisis de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos.
La ley fue aprobada cuando cruzaban ilegalmente menos de 10.000 menores no acompañados la frontera cada año. Este año se espera que sean 90.000.
Los niños migrantes están abrumando el sistema en parte porque la ley requiere dar protección legal especial a las personas que llegan a Estados Unidos desde Centroamérica.
Los republicanos quieren cambiar la ley para permitir que los migrantes centroamericanos sean tratados igual que los jóvenes que llegan desde México, que pueden ser deportados sin una audiencia judicial.
Defensores de los migrantes y los demócratas se oponen cada vez más, porque dicen que muchos inmigrantes están huyendo de la terrible violencia de las pandillas y no deben ser enviados de vuelta.
La mayoría de los republicanos y algunos demócratas desean reformar la ley, argumentando que las circunstancias son sumamente distintas a las de seis años atrás, cuando apenas 8.000 niños no acompañados llegaban a la frontera.
"La ley del 2008 creó un proceso que tiene sentido si estamos hablando de una cantidad limitada de niños, de víctimas de tráfico sexual, pero no tiene sentido cuando se trata de 50.000 menores no acompañados", expresó el senador republicano Lindsey Graham. "La ley del 2008 no fue diseñada para hacer frente a esta situación".
Pero el senador demócrata Robert Menendez sostiene que "lo mejor para esos niños es lo que está estipulado en la ley: retenerlos en un albergue limpio y seguro, en vez de llevarlos de vuelta donde podrían matarlos".
La controversia ha dejado en el limbo la solicitud del presidente Barack Obama de que el Congreso apruebe 3.700 millones de dólares como medida de emergencia para contratar más abogados de inmigración, abrir más albergues y destinar más recursos a la protección fronteriza. Hay escasas posibilidades de un acuerdo en el Congreso, y los legisladores probablemente se irán en su receso anual en dos semanas sin tomar medida alguna.
La medida fue idea de la senadora Diane Feinstein, y se convirtió en parte de la Ley de William Wilberforce para la Protección de Víctimas del Tráfico Humano, nombrada así en honor de un activista contra la esclavitud del siglo XVIII. Fue aprobada sin contratiempos y fue promulgada por el entonces presidente George W. Bush.
La ley estipuló parámetros para proteger a los menores sin acompañantes, y modificó la distinción que se hacía entre los jóvenes mexicanos que llegaban a la frontera y los que venían de otros países.
Según la ley, los menores de México y Canadá que lleguen sin acompañante deben ser sometidos a una primera revisión por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes pueden ordenar que sean devueltos de inmediato a menos que puedan demostrar que su vida corre peligro si son devueltos, o si cumplen ciertas otras condiciones.
Los activistas denuncian que esas revisiones son defectuosas, y un reporte reciente de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados determinó que los agentes de la Patrulla Fronteriza asumen prematuramente que los menores mexicanos no sufren amenaza alguna, en vez de tomarse el tiempo necesario para descartar esa posibilidad.
