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PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — Si Christian Ávila viviese a unas pocas millas al norte, podría tener permiso de conducir, haber entrado en una universidad estado y disfrutar de las oportunidades disponibles para los jóvenes a los que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concedió el estatus legal de residente hace dos años Pero Ávila vive en Phoenix, y el inmigrante de 24 años que llegó desde México a los 9 sigue moviéndose con miedo por la ciudad cuando va a la escuela o el trabajo.
"Te pones nervioso, las piernas empiezan a temblarte un poco cuando hay un policía detrás de ti, cuando no estás haciendo nada mal mientras condices al trabajo", dijo Ávila, estudiante en un colegio comunitario y activista por la inmigración. "No incumples ninguna norma, estás siguiendo la ley. Pero desafortunadamente es aquí donde vivimos".
Con la acción tomada por Obama la semana pasada para ampliar el programa de acción diferida y acercarlo a millones de inmigrantes más, la difícil situación de Ávila sirve de ejemplo para una dura realidad sobre los cambios del presidente. Washington puede dejarles quedarse en Estados Unidos, pero eso no significa que su estado vaya a permitirles conducir un coche, obtener una educación a un precio asequible o acceder a un seguro sanitario.
Un mosaico de normas empezó a formarse ya en los estados — en gran parte en línea con sus tendencias políticas — luego de que Obama permitiese que algunos inmigrantes jóvenes permaneciesen en el país. Estados conservadores como Nebraska y Arizona les impiden obtener licencias de conducción mientras que lugares más liberales son mucho más acogedores en términos de servicios estatales y beneficios.
Ahora, los estados deben tomar nuevas decisiones para responder a la orden ejecutiva del presidente que permitirá a varios millones de inmigrantes más quedarse en suelo estadounidense.
En California, demócratas, grupos de inmigración y activistas sanitarios están presionando para que los desplazados reciban atención médica dentro de la versión estatal del programa Medicaid. El departamento de sanidad de California está decidiendo ahora cómo actuar. La decisión del presidente impide que los que llegaron al país de forma ilegal puedan acceder a servicios sanitarios federales.
En Nevada, funcionarios están redactando un proyecto de ley para que los inmigrantes sin permiso puedan convertirse en profesores dentro de sus fronteras. La ley actual especifica que antes de recibir una licencia de profesor en Nevada un futuro maestre debe ser ciudadano estadounidense o vivir legal y permanentemente en el país.
El nuevo gobierno de Arizona tendrá que decidir si continúa con la política de línea dura con respecto a los beneficios estatales que adoptó el gobernador saliente Jan Brewer.
Después de que Obama tomase medidas en 2012 para legalizar a 1,8 millones de jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran solo niños, Brewer emitió una orden ejecutiva negándoles permisos de conducir y otros beneficios, como matrículas en universidades públicas de su circunscripción. Una corte federal de apelaciones dijo que la prohibición de obtener la licencia era inconstitucional y Brewer está considerando presentar un recurso ante Tribunal Supremo de Estados Unidos.
"Nuestra posición es tomar medidas unilaterales su el presidente no hace nada para cambiar el hecho de que la presencia de un extranjero ilegal en Estados Unidos no está autorizada por la ley federal", dijo el portavoz de Brewer, Andrew Wilder.
El gobernador electo de Arizona, el republicano Doug Ducey, ya dijo que pretende seguir con la prohibición actual de Brewer, si sobrevive a los obstáculos legales.
El gobernador demócrata de Maryland, Martin O'Malley, ha tomado un camina totalmente diferente. Defiende las leyes estatales que dan una educación superior a los ilegales y les concede permisos de conducir. Incluso se ha mostrado dispuesto a emprender una disputa política con Obama por el torrente de niños inmigrantes no acompañados procedentes de América Central que entran al país por la frontera de México, criticando la propuesta realizada por la Casa Blanca a principios de año que podría haber acelerado la deportación de los pequeños.
Arizona sigue siendo un caso extraño en el tratamiento a los inmigrantes con permisos de trabajo y está entre los más duros cuando se trata de aquellos que se quedan en el país sin autorización legal.
Sus estados vecinos proporcionan educación superior a todos sus residentes, con independencia de su estatus migratorio. Y en enero California se unió a los nueves estados que permiten que los inmigrantes que no pueden demostrar que están legalmente en el país obtengan un permiso de conducir.
Utah ofrece clemencia cuando se trata de licencias de manejo y educación, a pesar de que en 2011 aprobó una ley basada en la norma de Arizona contra la inmigración, la SB1070. El estado emite carnés de conducir que deben ser renovados anualmente en el caso de los ilegales.
El año pasado emitió cerca de 36.300, dijo Nannette Rolfe, directora del departamento responsable del asunto en Utah. El estado también ofrece acceso a universidades públicas y colegios universitarios.
A pesar de que su vida sería más fácil si se muda de estado, Ávila dijo que intención era quedarse.
"Aquí es donde nos ensuciamos cuando éramos niños, aquí es donde aprendimos a hablar inglés, aquí es donde aprendimos a hacer muchas cosas", dijo. "En Arizona es donde viven mis amigos, mi familia y no veo huir como una de mis opciones, pero en su lugar doy un paso adelante e intento cambiar las condiciones en las que tenemos que vivir".
